Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición en España y presidente del Partido Popular. El pasado 30 de julio al menos 80.000 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos, la mayor violación de la integridad territorial que hemos vivido en las últimas décadas. Aquel desafío puso a prueba la frontera sur de España y, por tanto, la frontera sur de Europa.
Continúa 50 días después. Y es imposible atisbar un horizonte cierto en que pueda resolverse. En consecuencia, es hora de preguntarnos si la respuesta está a la altura de lo que tenemos en juego.
Una frontera no es solo una línea sobre un mapa. Es la expresión de una comunidad política que decide qué valores protege y qué responsabilidades comparte. Cuando una frontera europea es violada, toda Europa es más débil.
Cuando una frontera no se defiende adecuadamente, toda Europa se desprotege. Es lo que está ocurriendo. La reacción del actual Gobierno español, incapaz de asumir el verdadero diagnóstico y aplicar el correcto tratamiento, me obliga a reiterar antes de nada la evidencia, tal y como ya hizo la semana pasada el presidente de Ceuta en su visita a Bruselas.
No asistimos a una crisis migratoria al uso, sino a las consecuencias de una invasión procedente de Marruecos, que por ello debe hacerse responsable de haberla consentido o instigado. En Ceuta se ha esfumado la normalidad desde hace más de seis semanas, y las escenas de caos, masificación e inseguridad deben avergonzarnos e interpelarnos. Pensar que la prolongación en el tiempo de esta situación no tendrá consecuencias es un error que no podemos permitirnos: afecta a nuestra soberanía, a nuestra capacidad colectiva para defender el Estado de Derecho, a la seguridad de los ciudadanos y a la credibilidad del proyecto europeo para garantizar su propia estabilidad.
El briefing imprescindible para quienes deciden, negocian y marcan la agenda política. Sin duda, las autoridades estatales son las primeras que tienen que asumir el compromiso de resolver esta crisis bajo un principio irrenunciable, compartido por todos los miembros de la Unión Europea en el Pacto de Migración y Asilo: aquellos que han entrado irregularmente deben retornar. La obligación del Gobierno de España no es buscarles acomodo, sino agilizar su salida.
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